"Queremos respuestas concretas y que se escuche la voz de los trabajadores. No es posible que todo se haga a espalda de quienes debieran ser los más beneficiados. Hoy sólo ganan las empresas y el Estado no puede seguir siendo cómplice de esta realidad con los recursos de todos los chilenos", aseguró Francisco Alarcón, Pdte. (s) Regional del Partido Comunista.

Precisó que hasta ahora el único partido político de la región que ha entregado una propuesta concreta es el Partido Comunista y que están llanos a dialogar en una mesa con todos los sectores interesados en favorecer a los trabajadores y sus condiciones laborales.

Alarcón emplazó a la Presidenta de la República Michelle Bachelet para que entregue una respuesta a las demandas de los trabajadores en relación a las leyes de excepción durante su cuarta visita a Magallanes. "Mi llamado es a que la Presidenta se refiera al ex 889 y de una vez por todas se dé una respuesta concreta a los trabajadores, no a las grandes empresas que ya harto han ganado con el Estado y el esfuerzo mal remunerado del mundo laboral".

Lamentó que la aplicación de las Leyes de Excepción actuales, no ha producido como resultado un estímulo al poblamiento y la radicación productiva en la región de Magallanes.

"Es necesario que el conjunto de la ciudadanía se involucre en estas materias, puesto que las decisiones que se tomen, incidirán no solo en la calidad de vida de los trabajadores, sino en el futuro de nuestra región, y ese "futuro" es ahora", explicó.

Respecto al ex 889, el Partido Comunista plantea la necesidad de orientar el beneficio de la Bonificación a la Mano de Obra a nuevas empresas, de manera que un 50% vaya al empleador y el otro 50% directamente al sueldo del trabajador (no imponible).

En este sentido, la propuesta señala que los sueldos imponibles deben abarcar desde el mínimo hasta $350.000 pesos, en porcentajes diferenciales buscando un beneficio mayor a los trabajadores de menor sueldo.

"Compartimos la necesidad de situar las normas de excepción en el contexto de un Estatuto Legal para el Desarrollo de Magallanes, como cuerpo legal estable que fije el marco jurídico general en esta materia, pero advertimos que el tratamiento legislativo de esta propuesta podría generar largos períodos de discusión política y técnica entre los dos bloques dominantes del Congreso, lo que podría producir un deterioro en la capacidad de negociación de la región para obtener la mantención de estos beneficios", añadió Alarcón.